CLIMATE RISK AT THE GATES (nuevo 28/09/2023)
Una encuesta recientemente realizada por nuestra firma sobre nueve bancos de Sud y Centroamérica reveló que al menos 512 de sus grandes deudores corporativos han sufrido incidentes climáticos entre marzo de 2022 y febrero de 2023. Los tres eventos de Riesgo Físico registrados como más frecuentes se podrían clasificar como correspondientes a inundaciones, sequías y disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico. Respecto del Riesgo de Transición, la mayor frecuencia fue derivada de cierres temporales de establecimientos (de hasta 5 días hábiles en promedio), multas de importancia por incumplimiento de planes de acción comprometidos e incumplimientos en cuanto a producción de mejoramientos en TI. Estos casos, medido a través del deterioro de pagos de esos deudores, habría incrementado en el período, en aproximadamente 0,5% la PD lifetime promedio de los segmentos a los que aquellos pertenecen. Datos preliminares, aún no revisados, estiman que la LGD posiblemente se podría haber incrementado en 1,30%.
Sin perjuicio de la casuística, el cambio climático se ha constituido en los últimos años en uno de los drivers de riesgo de crédito que ha registrado mayor aceleración entre las razones de impagos. Esto es que el crecimiento de los incumplimientos derivados del cambio climático fue superior al crecimiento de los incumplimientos causados por la reducción de ingresos o ventas por deterioro de los mercados sectoriales.
Debemos hacer mención que si bien los gestores de riesgo están hace tiempo conscientes del impacto posible del problema climático, no esperaban la velocidad que ha tomado la ocurrencia de siniestros de naturaleza climática, y menos aún su traslado en tiempo real a las utilidades de los bancos financiadores. El problema central y operativo es que una importante cantidad de gestores aún no han incorporado a sus sistemas de medición del riesgo crediticio métricas asociadas al riesgo climático, especialmente al riesgo de crédito. Y tampoco, salvo honrosas excepciones, los supervisores de los mercados de la región no habrían actuado con la premura adecuada para obligar a las instituciones a disponer de esos sistemas para identificación, medición, seguimiento, control y comunicación del riesgo climático. Nobleza obliga, habrá que señalar que al menos en Centroamérica, los controladores de Panamá ya han producido normativa en firme y vigente desde 2022, y en Costa Rica el tema se encuentra en la hoja de ruta 2023, ya con regulación en consulta. En Sudamérica, los supervisores en Argentina, Chile y México se encuentran avanzando sobre el particular desde 2018. Pero habrá que admitir que en la mayoría de los mercados de la región no existen requerimientos claros al respecto y mucho menos aún exigencias en cuanto a formación de reservas, o constitución de cargos patrimoniales para dar cobertura a pérdidas no esperadas (a nivel de TIER1).
Bajando aún más el nivel de abstracción, el cálculo de las Probabilidades de Incumplimiento (cualquiera sea la metodología empleada) a la luz de los recientes acontecimientos climáticos, requeriría de incorporar en sus respectivas métricas el impacto del riesgo climático. Específicamente, esta exigencia implica recalibrar los sistemas de calificación de riesgo utilizados hasta el momento y que no incluyen variables de tipo climático dentro de sus algoritmos predictivos de medición. Lo mismo para los sistemas predictivos de credit scoring de originación y -sobre todo- de comportamiento.
Un dato interesante que hace a la raíz de la preocupación sobre el tema: en junio de 2023 se publicaron las NIIFS1 (divulgación de sostenibilidad) y las NIIFS2 (divulgación climática). Estas publicaciones definitivamente han acelerado los planes operativos de las instituciones bancarias para hacer frente a los problemas socioambientales en general, y los relacionados al cambio climático en especial. Ambas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, lo que obligaría a los auditores externos de las entidades financieras a considerar calificar sus gestiones de divulgación ESG y climática.